Cuatro suicidios de soldados desnudan la grave crisis salarial y de salud que atraviesan las FFAA y de Seguridad

Por Maximiliano Borches

Tres efectivos del Ejército Argentino (EA) y uno de la Gendarmería Nacional, se quitaron la vida en la última semana previa a los festejos de Navidad.

Detrás de los casos aparecen factores comunes: problemas de salud mental, salarios por debajo de la línea de pobreza, endeudamiento y abandono por parte del Gobierno Nacional debido al desguace y la destrucción de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que en apenas dos años de mandato de Javier Milei, y de quien fue su ministro de Defensa adicto a los disfraces militares, el hoy diputando nacional Luis Petri, acumuló una impensada deuda de $200.000 millones y un déficit operativo mensual de $10.000 millones, además del corte de prestaciones que afecta a sus casi 600.000 afiliados (el 60% corresponde a las Fuerzas Armadas y el 40% a las fuerzas de seguridad federales), dejando a la deriva a pacientes oncológicos, otros que son sometidos a trasplantes, los que afrontan patologías crónicas severas (entre ellas mentales) y los insulinodependientes, entre otros cuadros graves. En estos últimos dos años pasaron por IOSFA tres presidentes elegidos por Petri.

Por otra parte, y luego del millonario en dólares show aéreo protagonizado por un grupo de 5 (de un lote total de 24) aeronaves de combate F-16 viejos (construidos en los años ´80), tres de ellos biplaza para entrenamiento y dos para combate pilotados sobre Buenos Aires por pilotos daneses –no hay, aún, pilotos argentinos en condiciones de volar esas aeronaves-, adquiridos al Reino de Dinamarca por USD 300 millones, costo al que hay que sumar otros USD 350 millones en armamentos que no sirven para disuadir a las tropas británicas ocupantes de las Islas Malvinas, adquiridos a los EE.UU. y que en el transcurso de los próximos dos años llegarán al país en barco; la realidad de la precarización en las Fuerzas Armadas estalló como una granada, a menos de cuatro días de que asumiera como Ministro de Defensa el teniente general Carlos Alberto Presti (primer militar en asumir ese cargo desde la recuperación de la democracia en 1983), quien es hijo del fallecido oficial Roque Carlos Presti, exjefe del Regimiento de Infantería 7 de La Plata, acusado de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Cronología de lo funesto

En apenas dos días tres integrantes del Ejército y uno de la Gendarmería Nacional se quitaron la vida en distintos puntos del país. Los casos, ocurridos en Buenos Aires (nada menos que en la Quinta Presidencial de Olivos, donde vive el Presidente), Corrientes, Mendoza y Santiago del Estero, encendieron alarmas dentro y fuera de las instituciones castrenses y volvieron a poner en primer plano una problemática compleja que combina salud mental, presión económica, violencia y un sistema de contención que aparece desbordado.

La sucesión de muertes no responde a un único patrón, pero sí presenta elementos en común: endeudamiento, bajos salarios, licencias psiquiátricas, conflictos personales y el uso de armas reglamentarias atraviesan los distintos episodios.

El primer caso que salió a la luz fue el de Rodrigo Gómez, de 21 años, soldado destinado a la custodia de la Quinta de Olivos. Tenía pocos meses de formación y había llegado a Buenos Aires desde Formosa. Su muerte conmocionó por el lugar y el contexto: dejó una carta que hoy es analizada por la Justicia, en la que hacía referencia a una situación económica asfixiante. Según trascendió, acumulaba deudas bancarias por unos dos millones de pesos. El arma que utilizó para quitarse la vida fue la reglamentaria.

Poco después se conoció el suicidio de Juan Javier Pereira, de 48 años y oriundo de Entre Ríos, suboficial del Ejército que fue hallado sin vida en el cuartel de Monte Caseros, Corrientes. También en este caso se habló de un mensaje previo en el que hacía referencia a problemas económicos y a la imposibilidad de afrontar sus compromisos financieros. Al igual que en Olivos, se trató de un suicidio con arma oficial.

A estos dramáticos episodios, se sumó el de Diego Jailek, un joven gendarme de 21 años en Santiago del Estero. Su muerte estuvo precedida por un grave hecho de violencia de género: había golpeado brutalmente a su pareja, quien logró escapar y anticipó que lo denunciaría. Jailek se quitó la vida poco después, tras dejar un escrito. Vivía con otros compañeros que habían sido recientemente trasladados, quedando solo en la vivienda. En este caso, el detonante fue un conflicto personal inmediato, pero también apareció el trasfondo de precariedad económica.

Y el caso más reciente, es el de Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario del Ejército Argentino en Mendoza, que fue hallado sin vida en su domicilio de Las Heras, con un disparo. A diferencia de los anteriores, este episodio marcó un punto de inflexión: por primera vez, la fuerza admitió oficialmente que se trataba de un soldado en tratamiento psiquiátrico. Lima se encontraba con licencia médica renovable cada 20 días y había tenido, el mismo día de su muerte, un control telefónico de salud mental. Horas después, tras un conflicto con su pareja —también integrante del liceo— y una denuncia por violencia de género realizada por ella ante la institución, el joven tomó el arma reglamentaria de su padre, un penitenciario provincial, y se suicidó.

Hoy, la mayoría de los soldados voluntarios perciben ingresos que oscilan entre los 500 y 700 mil pesos mensuales, mientras que un cabo destinado a una función tan sensible como la custodia presidencial cobra entre 700 y 825 mil pesos. Solo los rangos más altos superan la línea de pobreza.

Ese desfasaje –como en el caso de la mayoría de cualquier trabajador argenino-empuja a muchos a endeudarse para cubrir gastos básicos: alquiler, transporte, mantenimiento de vehículos o electrodomésticos. Todos compromisos pequeños que se encadenan y terminan asfixiando, con préstamos a familiares, tarjetas de crédito y favores que erosionan también los vínculos personales.

La realidad de la Argentina de Javier Milei, que promete ser peor en 2026.

Escala salarial de las Fuerzas Armadas en noviembre 2025:

• Teniente General, Almirante o Brigadier General: $2.809.917.

• General de División, Vicealmirante o Brigadier Mayor: $2.580.817.

• General de Brigada, Contralmirante o Brigadier: $2.363.947.

• Coronel, Capitán de Navío o Comodoro: $1.999.392.

• Teniente Coronel, Capitán de Fragata o Vicecomodoro: $1.619.788.

• Mayor, Capitán de Corbeta: $1.354.826.

• Capitán o Teniente de Navío: $1.105.609.

• Teniente Primero o Teniente de Fragata: $1.009.643.

• Teniente o Teniente de Corbeta: $926.400.

• Subteniente, Guardiamarina o Alférez: $814.911.

• Suboficial Mayor: $1.446.104.

• Suboficial Principal: $1.301.685.

• Sargento Ayudante o Suboficial Primero: $1.171.984.

• Sargento Primero o Suboficial Segundo: $1.059.162.

• Sargento o Cabo Principal: $962.087.

• Cabo Primero: $779.026.

• Cabo Segundo: $776.374.

• Voluntario de Primera: $659.720.

• Voluntario de Segunda: $610.510.

(Fuente: Ministerio de Defensa)