Jujuy, un estado de excepción permanente

Opinión

Por Alí Peralta* desde Jujuy

El mamarracho ilegítimo, ilegal e inconstitucional presentado a la sociedad por el gobernador de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, como la “reforma constitucional de la Provincia de Jujuy” es un excelente ejemplo del diseño institucional que tiene en mente la derecha liberal argentina para someter a nuestro pueblo y a nuestra patria.

Se busca un profundo cambio de régimen que garantice el saqueo, la desintegración nacional y el estado de excepción permanente como instrumento de segregación social, represión y exclusión política.

En su articulado, el proyecto de reforma aprobado establece la preeminencia de la soberanía “provincial” por sobre la nacional-federal. Como reaseguro político de este proyecto demencial, establece un código represivo que impide todo tipo de protesta social y ciudadana.

Estamos en un “estado de excepción permanente”, secesionista, dictatorial, inconstitucional y reaccionario. Esta guerra contra la constitución nacional y las leyes, lesivo de los derechos fundamentales y de los principios más básicos de soberanía, democracia y federalismo, se complementa con un instituto fundamental para el proyecto político depredador, represivo y extorsivo de Morales: el paramilitarismo.

El nuevo texto constitucional establece el “derecho a la resistencia del pueblo de la provincia” frente a futuras intervenciones del gobierno federal, o frente a la inevitable movilización popular, como en este caso, contra esta constitución ilegal y su gobierno. Es decir, dan vuelta el sentido de este derecho a la resistencia para habilitar la inmunidad política y penal en su jurisdicción, como así también para llevar a cabo la represión salvaje, clandestina e independiente de los cuerpos de seguridad.

En el trascurso de un mes se han llevado a cabo decenas de detenciones libradas contra el pueblo de la provincia con los cargos de sedición y atentado al orden constitucional, justamente por defender el orden constitucional de la Nación y rechazar la reforma sediciosa. A aquellos que se oponen a la reforma les espera una segura prisión preventiva y largos años de cárcel por delante y multas millonarias destinadas a desposeer a la militancia popular de vivienda y movilidad. Esto muestra a las claras que este conflicto abierto no es sólo contra las comunidades indígenas y los "piqueteros corta-rutas". Es un ataque al conjunto de la Nación que habrá de ser enfrentado por organizaciones patrióticas y populares si las autoridades constitucionales legítimamente constituidas no cumplen sus obligaciones al respecto.

Violaron la autonomía universitaria con el ingreso de policías al Consejo Superior cuando estaban en asamblea para sacar una declaración contra la reforma. Para llevar a cabo este atropello se valieron de la mentira como decir que allí se cobijaba a los dirigentes con pedidos de captura y a aquellos que estuvieran siendo perseguidos.

Urge para nuestro pueblo jujeño y por extensión, para todo el pueblo argentino, aferrarse a la ley suprema de la nación, a sus principios y derechos fundamentales de soberanía y democracia, profundizando la movilización, el enfrentamiento al golpe institucional reaccionario

Se torna imprescindible y urgente la exigencia al gobierno nacional y a las fuerzas políticas, sociales y culturales del país, para que convoquen una inmediata intervención federal de la provinci, se anule el proceso constituyente en curso, y los agentes de la sedición, en Jujuy y en el país, sean detenidos inmediatamente para ser juzgados con todo el peso de la Constitución Nacional y las leyes vigentes.

*Director de la Academia del Pensamiento Estratégico y referente de la Organización para la Liberación Nacional (OLA)