Por Ariel Ernesto Velazquez*
Ante el DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus autodenominada por el Poder Ejecutivo Nacional “de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, sumadas a las medidas económicas dispuestas por el precoz Gobierno de Javier Milei, el movimiento obrero organizado se ha congregado en las calles junto a sus cuerpos orgánicos para rechazar y enfrentar este ataque al conjunto de las y los trabajadores y el pueblo.
Toda la normativa dictada se asemeja más a la imposición de una nueva Constitución Nacional que modifica el sistema republicano, representativo y federal consagrado por las Bases de su citado héroe de la libertad Juan Bautista Alberdi, por una Monarquía bizantina.
El ataque va desde la suma del poder público para el Poder Ejecutivo Nacional por todo el mandato, aludiendo la situación de emergencia en la que encontró el Gobierno, hasta el cambio de toda la normativa laboral, pasando por un reseteo de la economía a la que liberaliza para convertir a nuestro país en una semi colonia primarizada (“el granero del mundo”), con un grupo minoritario de la población accediendo a bienes y servicios y la inmensa mayoría de la población sumida en un sálvese quien pueda.
En el caso de las y los trabajadores, además de las dificultades en el sustento que hacen a no poder sostener una canasta de consumos básicos para la familia y el hogar, se ataca a la organización colectiva, porque lo que necesita este Gobierno es imponer, además de a sangre y fuego con los protocolos de represión del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, terminar con lo que ellos denominan el “colectivismo”, que no es ni más ni menos que terminar con los lazos de solidaridad y fraternidad entre las y los argentinos y su capacidad organizativa.
Atacan los derechos adquiridos con una historia de lucha, como la vigencia de los convenios colectivos de trabajo, la extensión de la jornada laboral o el pago de horas extras, promoviendo la restricción al derecho a huelga, la tercerización y la precarización laboral. Una reforma laboral hecha (hasta de puño y letra, así dicen) por las grandes corporaciones empresarias.
Particularmente las y los trabajadores de las telecomunicaciones nos expresamos en un comunicado de la CONSITEL, rechazando estas reformas promovidas por el DNU, previo a la Ley Ómnibus, que también incluye la pretendida privatización de una empresa modelo como es ARSAT y la declaración de servicio esencial que cercena nuestro derecho a huelga.
Ante este estado de excepción que promueven Milei y sus aliados, el movimiento obrero organizado ha respondido con fuerza y convicción. Mientras algunos sectores que siguen buscando el enemigo entre las propias filas, llenaban de sospechas sobre la actitud que asumiría la CGT, la Central Obrera respondió orgánicamente primero con una presentación judicial para impugnar el DNU, la convocatoria a una movilización multitudinaria en unidad con las dos CTA, la UTEP y distintos movimientos sociales el pasado jueves 27 de diciembre que sobrepaso las previsiones de convocatoria, llenando las Plazas de Tribunales.
Y a continuación, la convocatoria a un Paro General con actos de acción organizativa y movilización para el próximo 24 de enero desde las 12 horas al Congreso de la Nación, para que tanto los Diputados como los Senadores respondan al mandato popular y actúen conforme a su función legislativa, sin avalar la acción inconstitucional premeditada de un sector que asume la Presidencia de la Nación como un mandato irrevocable e incuestionable por parte de la población.
No aceptaremos las y los trabajadores mansamente una serie de reformas que nos retrotraigan a las peores épocas de nuestra Patria.
*Sec. Administrativo de FOETRA
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